martes, 22 de marzo de 2016

ADVERTENCIA: CAMBIO DE BLOG...


Debido a los inconvenientes presentados en este blog, se habilitó el siguiente blog:  http://lalecturamueve9.blogspot.com.co/ para realizar los comentarios de la SEMANA 7 y los demás de aquí en adelante.

Nota: el presente blog "LA LECTURA MUEVE - NOVENO" sera inhabilitado el día viernes 1 de abril de 2016.

lunes, 14 de marzo de 2016

SEMANA 7:NACIÓN 2


Se frena discusión sobre cese definitivo del fuego: FARC

A contados días de que se venza el plazo fijado por las partes, se acentúan las diferencias entre el Gobierno y las FARC en el punto del fin del conflicto. 

Proceso de paz: discusión sobre cese al fuego se frenó dicen las FARC

Las FARC dijeron este lunes que la discusión con el Gobierno sobre un cese del fuego bilateral y definitivo, paso previo a la firma de la paz, se "frenó un poco" y culpó a su contraparte del nuevo traspié en las negociaciones.

"La mesa no está paralizada, pero se frenó un poco la discusión que tenemos (...) sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo", admitió Carlos Lozada, negociador de paz de las FARC en La Habana.

El jefe rebelde, que evitó hablar de crisis en las negociaciones, señaló que las nuevas desavenencias surgieron por la supuesta intención del Gobierno de imponer una "rendición incondicional" de la guerrilla a través de un acuerdo de cese del fuego bilateral.

"Lo que se quiere es (...) intimar una rendición incondicional por parte de la insurgencia y de eso no se trata. Se trata de un proceso de paz y no de una desmovilización de una guerrilla", comentó Lozada.

El equipo de paz del Gobierno no se pronunció de inmediato sobre estas declaraciones.

Comprometidas desde el 2012 en una compleja negociación que busca acabar con medio siglo de conflicto armado, las partes desistieron la semana pasada de firmar un acuerdo definitivo de paz el 23 de marzo, como se habían comprometido, a la luz de las diferencias que han surgido en la recta final.
Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos ya se pusieron de acuerdo en cuatro de los puntos previstos: problema rural, cultivos ilegales, reparación de víctimas y participación en política de las FARC.

Sin embargo, restan por cerrar el cese definitivo del enfrentamiento (que incluye la dejación de armas) y el mecanismo para refrendar los pactos, en los que persisten serias diferencias.

Sobre el primer punto, las FARC y el Gobierno intentan acordar las zonas en Colombia donde se concentrarían las tropas guerrilleras durante el proceso de desarme bajo la verificación de Naciones Unidas.

Lozada indicó que tras "haber avanzado significativamente" en la discusión de este punto, la delegación del Gobierno presentó un documento que "prácticamente reversaba lo que se había logrado avanzar en los últimos meses en ese tema del cese al fuego".

"Frente a la discusión estamos buscando fórmulas que permitan que se salve lo que habíamos logrado avanzar para poder continuar adelante, de lo contrario, sería muy difícil porque se pierde la credibilidad de lo que se va construyendo", advirtió

SEMANA 7:NACIÓN

Colombia y Nicaragua vuelven a La Haya

Mientras Nicaragua, beneficiada con la delimitación que hizo la Corte Internacional en 2012, busca revisar ese fallo, Colombia argumenta que es cosa juzgada para que no cambie. ¿Qué está en juego?

Colombia volverá esta semana a un estrado judicial que se ha vuelto familiar: la Corte Internacional de Justicia, organismo que estudia dos demandas de Nicaragua contra el país. En esta ocasión, ocupará el asiento de la delegación colombiana el nuevo agente del caso, Carlos Gustavo Arrieta. La canciller María Ángela Holguín y el otro asesor del gobierno, Manuel José Cepeda, esperarán el fallo en Bogotá, acompañando al presidente Juan Manuel Santos. También estarán a la expectativa el grupo de juristas extranjeros contratado por la Cancillería y el home team que ha apoyado el trabajo desde esa entidad.

Se trata de un proceso sobre la forma y no sobre el fondo. Ante las dos demandas interpuestas por Nicaragua, Colombia le pidió a la corte que, en vez de estudiarlas, acepte que no es competente para fallar sobre las dos materias. Aunque, en principio, este jueves no se definirá nada –porque todo depende de la providencia definitiva– lo que digan los magistrados, y los argumentos con que respalden su decisión –es decir, si estudiarán, o no, los temas de fondo– darían indicios claros sobre su intención. Por eso, la sesión de este jueves en La Haya, aunque no tendrá una última palabra, es crucial para la definición de los derechos marítimos que tiene Colombia alrededor y en las vecindades del archipiélago de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe.

El origen del proceso es toda una paradoja. La corte de La Haya (CIJ) falló en noviembre de 2012 una primera demanda de Nicaragua, y fijó una delimitación de las jurisdicciones marítimas de los dos países en el mar Caribe que dejó insatisfechas a las dos partes. La línea trazada es más favorable a Nicaragua en cuanto se extiende al oriente del meridiano 82, que Colombia consideró siempre la frontera marítima entre los dos países. Pero rechazó la pretensión nicaragüense de aceptar una plataforma continental extendida (derechos sobre el subsuelo, dependientes de la formación geográfica de las costas) que llegaría hasta un punto medio entre el archipiélago de San Andrés y la costa Caribe colombiana.

En una decisión anterior, en 2007, la corte había aceptado el argumento colombiano de que no tenía competencia para declarar la nulidad –pretendida por Nicaragua– del tratado de 1928 suscrito por los dos países. Según este, los territorios de Nicaragua y de Colombia se distribuyen, en términos de soberanía, con referencia al meridiano 82: todas las islas, islotes y costas situadas al este son de Colombia y los que están en el lado oeste son de Nicaragua. La corte ratificó en 2007 a favor de Colombia la soberanía del archipiélago y la vigencia del tratado, pero en esa misma decisión dijo que el meridiano 82 no delimitaba los derechos sobre el mar. Una cosa es de quién son los territorios (archipiélago, islas, islotes, cayos y demás) y otra, muy distinta, hasta donde se extienden los mares territoriales que generan esas costas. La corte estableció después, en 2012, la línea que define los límites entre los derechos marítimos de Colombia y Nicaragua.

Pero los dos países, a su manera, se molestaron con este fallo. Colombia, en medio de críticas a la corte –que el gobierno llegó a calificar de “enemiga”– se retiró del Pacto de Bogotá que la obligaba a aceptar la jurisdicción de la CIJ, y dijo que la delimitación trazada en noviembre de 2012 es inaplicable y que, según la Carta Política, los límites solo pueden modificarse mediante tratados internacionales. El gobierno del presidente Santos elevó una consulta a la Corte Constitucional, que avaló esa tesis, y promulgó un decreto que fija las líneas de las costas del archipiélago de San Andrés y Providencia que deben tomarse como referencia para determinar las fronteras.

Nicaragua, el país que con más frecuencia acude a la Corte Internacional de Justicia, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una, para denunciar que esta no ha cumplido el fallo de noviembre de 2012. Y la otra, para insistir en que ese organismo se pronuncie sobre la plataforma continental extendida que llega hasta el propio centro del Caribe.
La posición de Colombia, sometida a veredicto este jueves, es que la corte no puede estudiar los dos casos. El del incumplimiento del fallo de 2012, porque Nicaragua no ha atendido llamados para acordar un tratado que defina los límites, que es lo que establece la Constitución de1991. Y el de la plataforma extendida, porque la propia corte de La Haya ya se pronunció contra Nicaragua en 2012. Es cosa juzgada: la corte ya dio su última palabra. Existen otros argumentos, en la parte colombiana, como el hecho de que el país se retiró de la jurisdicción de la CIJ.

Pero Nicaragua, en la otra esquina, dice que el fallo de 2012 en materia de delimitación marítima es definitivo y no puede depender de decisiones internas ni de fallos de organismos nacionales –como la Corte Constitucional– que no pueden estar por encima del derecho internacional. Aunque Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, este mismo establece que un país miembro conserva un año de aceptación de la competencia después de su retiro, y Managua tuvo el cuidado de hacer estas demandas antes de que se cumpliera ese periodo.

En el otro caso, el de la plataforma continental expandida, los abogados del gobierno de Daniel Ortega dicen que cuando la corte negó la demanda nica en 2012, lo hizo de acuerdo con la información disponible en el momento sobre la estructura geográfica de las costas, pero que aún hay estudios técnicos por hacer. Según la Convención del Mar –que obliga a Nicaragua pero no a Colombia– tales investigaciones le corresponden a la Comisión de Límites de la ONU, que podría tardar años más –cerca de una década– en pronunciarse.

Lo que está en juego, en síntesis, es un punto de forma que, sin embargo, tiene implicaciones jurídicas en el mediano plazo, y políticas inmediatas. Aunque la corte unificó los procesos de las dos demandas, en teoría podría fallarlas de manera distinta. Es decir, determinar que sí es competente para estudiar el alegato nicaragüense sobre el incumplimiento de Colombia del fallo de 2012 y reiterar que ya desechó el análisis de la demanda sobre la plataforma extendida. O al contrario: no estudia el desacato y sí la plataforma. O rechaza ambas, o las acepta. Incluso podría optar por alternativas intermedias. Habrá que estudiar la minucia del texto que se dará a conocer este jueves.
Desde el punto de vista político también hay valiosas cartas en juego. En un ambiente polarizado como el que hay en Colombia, el gobierno pagaría un costo si, en el caso de que el fallo sea adverso al país, mantiene la tradición de respetar las decisiones de los organismos de derecho internacional. En el otro sentido podría desconocer el fallo –con posibles aplausos en el campo doméstico- pero debilitaría su credibilidad y su posición ante la comunidad internacional y, especialmente, en el sistema de la ONU, justo cuando le está pidiendo a su organismo de máximo nivel –el Consejo de Seguridad- que verifique el cumplimiento de los eventuales acuerdos de cese al fuego y fin de las hostilidades con las Farc.

El panorama político es difícil, incluso, si las decisiones son favorables. Es decir, si la corte acepta el argumento colombiano de que no tiene competencia para estudiar las demandas nicaragüenses sobre dos puntos. Aun en este escenario nada se modificaría en relación con los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, trazados por la CIJ en noviembre de 2012, que la opinión nacional considera un despojo arbitrario.

El tema es tan complejo, técnico y politizado, que Nicaragua está buscando una especie de apelación del fallo de noviembre de 2012, que le fue favorable comparado con la posición tradicional colombiana. Mientras tanto, la diplomacia de San Carlos lo defiende –y aspira a que se considere cosa juzgada– porque es una mejor alternativa frente a las ambiciones desatadas por Nicaragua después de noviembre de 2012. Toda una paradoja.

SEMANA 7:LIDERAZGO 4


lunes, 7 de marzo de 2016

SEMANA 6:LIDERAZGO 3


SEMANA 6: CONCIENCIA

¿CUESTION DE HAMBRE  O DE ACTITUD?

  


SEMANA 6. MUNICIPAL

Capturan nuevamente al alcalde de Yopal, Jhon Calzones

En octubre de 2015 había sido arrestado por los delitos de urbanización ilegal. Salió libre a finales de ese mismo año, se posesionó como alcalde pero este domingo fue recapturado por el delito de lavado de activos. 
El polémico alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como “Jhon Calzones”, fue recapturado por el delito de lavado de activos. La Fiscalía y al Dijin lo arrestaron nuevamente por un supuesto lavado de activos, luego de que revisaran un sus estados financiero desde 2012 y descubrieran que al parecer obtuvo un incremento de su patrimonio injustificado en $50.000 millones. Además, en las últimas semanas denunciaron que el alcalde de Yopal habría sobornado funcionarios judiciales para salir de prisión. Dora Emilse López Vega, esposa de "Jhon Calzones" también fue capturada este domingo.

“Jhon Calzones” había sido capturado en octubre de 2015 días antes de las elecciones, luego de que la Fiscalía evidenciara que la ciudadela “La Bendición” era una construcción ilegal, pues estaba asentada en un terreno que había sido embargado el 11 de junio de 2014 porque supuestamente había pertenecido a testaferros de Daniel Barrera, alias el “Loco Barrera”. El nuevo proceso contra Jhon Torres se da porque al parecer utilizó la sociedad constructora Ciudadela La Bendición S.A.S., manejada por la hermana de Torres, Genny Milady Torres, como fachada para impulsar un proyecto de viviendas de interés social y darle apariencia de legalidad a dineros ilícitos.

Por eso la Fiscalía abrió el segundo proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La génesis de todos los líos de “Jhon Calzones” surgen de la Ciudadela La Bendición, un proyecto de vivienda que nunca contó con los permisos de las autoridades locales y que, al parecer, utilizó Torres como maquinaria para llegar a la Alcaldía de Yopal. Las primeras acciones que tomó la Fiscalía contra Torres fue en mayo de 2015, cuando le embargó 10 bienes por, al parecer, estar involucrado en un proceso de lavado de activos.

La historia de estas tierras ubicadas al sur de Yopal donde fue construida la ciudadela la Bendición está vinculada a la del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias “Coletas”, capturado en 2010 y extraditado a España en 2011. Tras el arresto de “Coletas”, quien tenía nexos con el capo “Loco Barrera”, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía abrió un proceso para arrebatarle sus propiedades. En esas pesquisas encontraron los nombres de los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, quienes fueron señalados de ser testaferros de “Coletas”. El primero de ellos fue el que compró en 2010 los terrenos donde hoy está La Bendición, que posteriormente pasaron a manos de Jhon Torres.

Fue un negocio que, según las autoridades, se realizó con dineros de “Coletas”, ya que descubrieron que Néstor Pérez no tenía capacidad económica para concretar la compra, que tuvo un costo de $900 millones. Además se demostró que el avalúo real de la propiedad para la época era de más de $2.700 millones. Finalmente, en octubre de 2011 Néstor lo transfirió a su hermano, Javier Barreto, quien terminó figurando como propietario cuando la Fiscalía los embargó en junio 2014.

Sin embargo, en un fallo que generó bastante polémica en el ente investigador, la fiscal María Cristina Lizcano revocó las medidas cautelares sobre los bienes, permitiendo que se realizara una serie de traspasos que a la postre terminó por darle vida a la Ciudadela La Bendición. La situación se resolvió el pasado 24 de marzo, cuando un fiscal de segunda instancia tumbó la decisión de Lizcano. Es más, en una denuncia que reposa en los despachos del búnker de la Fiscalía se habla de un pago de $200 millones que buscaba que Torres pudiera tomar control de los predios cuestionados.

Según los investigadores, los terrenos finalmente terminaron en manos de Torres de la siguiente forma: “Teniendo en cuenta que los citados bienes estaban a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no tiene justificación jurídica, ni probatoria, sabiendo del pronunciamiento y la orden dada por la Fiscalía, (Jairo Enrique Pérez) se asocia con el señor Jhon Jairo Torres, para despojar al depositario designado por la SAE. Torres resuelve parcelar los lotes y de manera ilegal procede a realizar un proyecto de construcción de interés social denominado Ciudadela La Bendición, sin licencia de construcción ni ambiental, a sabiendas de que estos no eran de su propiedad y que se encontraban inmersos en investigación de extinción. En razón, se cuenta con elementos probatorios que los recursos obtenidos para la adquisición de los mismos al parecer provienen de origen espurio”.

Torres al parecer había logrado su objetivo: ser alcalde de Yopal para legalizar la ciudadela La bendición. Sin embargo, este proceso al parecer fue turbio, pues sus propósitos los habría logrado con dineros ilícitos. A pesar de que ganó las elecciones desde la cárcel, pudo posesionarse ya que a finales de 2015 recobró su libertad. John Torres, un hombre que se ganó su apodo de “Calzones” por su negocio de más de 17 llamado Caricias Íntimas, deberá administrar la capital de Casanare desde prisión y responder ante las autoridades por un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues se considera que su jugosa fortuna no pudo ser el resultado de un negocio de venta de ropa interior femenina.

lunes, 29 de febrero de 2016

SEMANA 5: MUNDO

Los puntos más calientes del planeta

En cuatro zonas hay situaciones críticas que podrían explotar con consecuencias imprevisibles: Siria y sus alrededores, el mar del sur de la China, Corea del Norte y Ucrania. Cualquiera de ellas podría poner en peligro la paz mundial.


Basta revisar la prensa internacional para tener la sensación de que el mundo se está desbaratando. Con aterradora frecuencia, junto a las bombas, las masacres y las batallas, los medios de comunicación hablan de nuevos conflictos, de la intensificación de los que ya están en curso, e, incluso, del recrudecimiento de los que parecían bajo control. En efecto, pocas noticias invitan al optimismo. Y, las que así lo hacen, suelen tomarse con escepticismo.

Siria: la guerra múltiple
Eso fue lo que pasó esta semana con el cese al fuego en Siria propiciado por Estados Unidos y Rusia, que entró en vigor a la medianoche del viernes. Muchos dudan de su efectividad porque no incluyó a los combatientes de Estado Islámico (EI, también conocido como Isis) ni a los de Al Nusra, los principales grupos yihadistas responsables de buena parte del medio millón de víctimas.

Además, en Siria, en realidad, se libran varias guerras diferentes que se sobreponen. Lo que comenzó en 2011 como un levantamiento popular contra el régimen alauita de Bashar al Asad degeneró en una guerra abierta entre el Ejército y la oposición, compuesta principalmente por grupos sunitas, algunos de ellos, como el Ejército Libre de Siria, apoyados por Estados Unidos. También reforzó las aspiraciones independentistas de los kurdos, que con el paso del tiempo han consolidado sus conquistas territoriales en el norte del país.

Por otro lado, Irán y Rusia están empeñados en defender a sangre y fuego la permanencia en el poder de Asad, y han enviado tropas y aviones. La primera, porque el presidente sirio pertenece a la rama alauita de los chiitas, y, por lo tanto, es un importante aliado en su lucha global contra los sunitas. Y la segunda, porque Asad pertenece al partido Baath, el socialismo panárabe alineado con la Unión Soviética en la Guerra Fría, que le concedió una importante base naval que la Rusia de hoy no está dispuesta a perder. Del lado contrario, Estados Unidos, Arabia Saudita y otros 60 países no aceptan nada que no implique la caída de Asad. Consecuentemente, el conflicto ha cruzado las fronteras y hoy Líbano, Jordania y Turquía no solo tienen que encargarse de millones de refugiados, sino que se enfrentan a la posibilidad de que estallen en sus territorios guerras civiles como la que ha dejado en ruinas a Siria. De hecho, eso está sucediendo en Libia, donde varios grupos armados buscan llenar el vacío que dejó la caída de Muamar el Gadafi, entre ellos EI.

A su vez, la guerra de Siria ha propiciado el inesperado enfrentamiento entre Rusia y Turquía. Aunque hasta hace poco esos dos países mantenían relaciones cordiales, la suerte del régimen de Asad los ha puesto en las orillas opuestas. El derribo de un avión ruso, que según los turcos había ingresado a su espacio aéreo a finales de 2015, disparó las alarmas, pues, si el Kremlin hubiera respondido de la misma manera, todas las fuerzas de la Otan habrían tenido que intervenir para proteger a Turquía, debido al principio de mutua defensa inscrito en el tratado constitutivo de esa organización. Debido a las malas relaciones entre Ankara y Moscú, un incidente similar podría repetirse, lo que probablemente abriría la caja de Pandora de una guerra entre Rusia y la Otan. Uno de cuyos integrantes, por supuesto, es Estados Unidos.

China: despierta el gigante
Al otro lado del mundo, en el mar del sur de la China, esta y otros cinco países se disputan las islas Spratley y Paracelso. Se trata de dos archipiélagos en cuyas cercanías hay 190 billones de metros cúbicos de gas natural, 11.000 millones de petróleo y por el circulan anualmente 5,3 billones de dólares en comercio. Las razones por las que ese enfrentamiento tiene en alerta máxima al este de Asia son las acciones unilaterales emprendidas por China y las alianzas de defensa militar entre sus oponentes y Estados Unidos.

Por un lado, gracias a su músculo económico y a su renovado poderío militar, China ha construido en la zona varias islas artificiales sobre arrecifes naturales y ha reclamado una zona económica exclusiva alrededor de ellas. Para respaldar sus aspiraciones, ha construido en ellas aeropuertos militares y ha instalado lanzaderas de misiles y radares. Por el otro, Estados Unidos –que mantiene tratados de cooperación militar con Filipinas y con Vietnam– se ha negado a reconocer las aspiraciones territoriales de Beijing, y ha emprendido operaciones aéreas y navales para ejercer la libertad de navegación en la zona.

En efecto, lo que está en juego en la región es la rivalidad entre Estados Unidos y China, país que desde los años noventa ha experimentado un fuerte crecimiento comercial, y que ahora busca desafiar el dominio que desde el final de la Segunda Guerra Mundial ejerce Washington allí. Y aunque hasta ahora el enfrentamiento ha sido, sobre todo, diplomático, la tensión es tan alta que un simple error de cálculo de un mando medio podría disparar un enfrentamiento militar.

Ucrania: nostalgia de la Unión Soviética
En Ucrania, la guerra civil entre el gobierno y los separatistas apoyados con armas y presupuesto por Moscú ha dejado más de 9.000 víctimas fatales, 21.000 heridos, casi 1 millón de migrantes y unos 100.000 millones de dólares en pérdidas. Pese a los acuerdos de Minsk firmados en febrero de 2015, el conflicto se mantuvo latente durante todo el año, con violaciones sistemáticas del cese al fuego y la intensificación de los combates en diciembre.

El gran temor de observadores internacionales es que el presidente ruso, Vladimir Putin, recrudezca aún más esa guerra para seguir debilitando a la Unión Europea, o que intervenga en otros lugares con importantes minorías rusas, en particular los países bálticos. Estos, por pertenecer a la Otan, podrían arrastrar a un conflicto con Rusia a buena parte de Occidente. Como en la Guerra Fría, el enorme despliegue de tropas y de armamento tanto de esa organización como del Kremlin ha convertido la zona nororiental de Europa en uno de los rincones con mayor presencia militar del planeta. A su vez, la ausencia de reglas claras y el nuevo protagonismo de las armas nucleares hacen que la posibilidad de una confrontación a gran escala en las puertas de Europa vuelva a estar sobre la mesa.

Corea: el Estado bribón
Como si lo anterior fuera poco, a esos conflictos se agrega la amenaza nuclear de Corea del Norte, donde la llegada de Kim Jong-un al poder en 2011 ha hecho aún más impredecible al más cerrado de los países. Además de ejecutar a más de 70 oficiales, su gobierno ha realizado varios ensayos de misiles de largo alcance y cuatro de armas nucleares. En la actualidad, se teme que cuente con 16 bombas atómicas, algunas de las cuales podrían estar enriquecidas con hidrógeno radioactivo para aumentar su poder.

En el pasado, el principal temor que ese conflicto planteaba era un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por cuenta de las alianzas que esos países sostienen con las dos Coreas, que tras la guerra de los años cincuenta nunca firmaron la paz sino un simple armisticio. Hoy, por el contrario, los indicios de que la influencia de Beijing sobre su aliado de Pyongyang está disminuyendo tienen al resto del planeta con los pelos de punta. De hecho, pese al peligro que planteaba la alianza entre esos países, la influencia de China era la principal herramienta para controlar a los impredecibles gobernantes norcoreanos, que en la actualidad parecen más decididos que nunca a usar su arsenal.

SEMANA 5: ECONOMÍA

Los despidos masivos que marcarán 2016
La crisis del petróleo y el mal momento de los mercados podrían dejar miles de desempleados en el mundo. Estos son algunos de los que ya están anunciados.

En los dos primeros meses del año los anuncios de ajuste han llegado de todos los sectores pero especialmente de firmas relacionadas con materias primas, como el petróleo. El crudo ha perdido más del 70% de su valor desde mediados de 2014.

Estas son algunas de las firmas que ya anunciaron los planes:

Petróleo: Halliburton  y Ecopetrol
Halliburton, un gigante de servicios petroleros, anunció el despido de 5.000 trabajadores adicionales por cuenta del desplome de los precios del crudo. Desde que comenzó la crisis, la firma ha salido del 25% de su personal afectando a unas 22.000 personas.
En Colombia, Ecopetrol podría reducir en 3.000 personas su planta de personal este año. La compañía tuvo un máximo histórico de 48.000 colaboradores y ahora sólo tendrá 30.000.  

Tecnología: Yahoo y HP
Después de registrar pérdidas por más de US$4.000 millones el año pasado, la firma Yahoo anunció una reorganización que implica la reducción del 15% de sus puestos de trabajo y el cierre de oficinas en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Milán. Los inversionistas de la firma están presionando a los directivos para que vendan activos no estratégicos y generen ganancias ocasionales.
Por su parte HP Inc cortará 3.000 empleados como consecuencia de la baja demanda por computadores e impresoras en Estados Unidos. Las compañías están recortando sus gastos en impresión, mientras que las personas están enfocándose más en celulares que en equipos personales. HP registró una caída de 12% en sus ingresos en el último trimestre.

Aviación: AirFrance y Boeing
AirFrance comenzó un plan de recorte de 1.600 empleados que afectará principalmente a mecánicos y trabajadores aeroportuarios, y se basará en  un plan de retiros voluntarios, según información extra oficial. AirFrance está buscando reducir sus costos operativos para competir con las aerolíneas de bajo costo y alejar los fantasmas de la quiebra.
Por su parte el fabricante de aviones Boeing dijo que ha iniciado planes de reducción de personal, sin especificar el número preciso de afectados. 

Industria automotriz en Brasil
Los fabricantes de autos en Brasil ya despidieron a 15.000 personas y 6.000 más podrían ser sumadas a la lista en medio de la peor crisis de ese país en cien años. Bloomberg reportó que las firmas del sector han acudido a acuerdos con el gobierno para subsidiar parcialmente los salarios de algunos trabajadores y evitar mayores recortes.

La banca también se retrae
Barclays, Deutsche Bank, BTG Pactual, Lloyds, Bank of America y BNP Paribas están entre los bancos que han decidido cerrar algunas unidades de negocios este año como respuesta al mal comienzo de los mercados este año. Sin embargo, en valores absolutos, los recortes no son tan impactantes como en otras industrias.

SEMANA 5:LIDERAZGO 2


martes, 23 de febrero de 2016

SEMANA 4: JUDICIAL

Ley de Víctimas deberá acoger a menores de edad desvinculados de las bandas criminales: Corte
El alto tribunal expandió los alcances de la ley 1448 de 2011 para darle asistencia y reparación integral a las víctimas de los denominados grupos post desmovilización.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 190 de la ley 1448 de 2011 que establecer la reparación integral y otras medidas que se deben adelantar en el caso de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Sin embargo, indica el alto tribunal, que dicha atención y asistencia se deben extender a los menores de edad que se desvincularon de los grupos que se crearon después de un proceso de desmovilización, como es el caso de las denominadas Bandas Criminales que se conformaron en los últimos años.

En el debate jurídico se manifestó que la ley únicamente hacía referencia a los menores que desertaran de los grupos armados al margen de la ley–guerrilla y paramilitares- pero no de grupo armados post desmovilización, como los que se conformaron en varias regiones del país por varios de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Corte Constitucional ordenó que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas del reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.
En el análisis la Corte citó jurisprudencia que indica que la condición de víctima de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, no puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que incurrió en el hecho victimizante.

Es decir, la misma se debe hacer frente a la relación existente entre la situación generadora de la violación de los derechos y el marco del conflicto armado, contexto en el cual se ha considerado que las conductas atribuidas a los grupos post desmovilización, entre ellas, el reclutamiento ilícito, han tenido ocurrencia en el ámbito del conflicto armado, dada su relación con la complejidad real e histórica.

Debido a esto la Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito.

SEMANA 4:LIDERAZGO


SEMANA 4: MEDIO AMBIENTE

Cada día se han producido 18 incendios forestales en lo que va de 2016
El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo reporta ocho conflagraciones activas en el país.
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia son los departamentos más afectados en este momento por los incendios forestales, que suman ocho en todo el país, según reportó este sábado en la mañana el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez.
El total es de 942 conflagraciones que han consumido 10.000 hectáreas entre enero y lo que va corrido de febrero de este año. Según el funcionario, "casi todos han sido causados por la mano del hombre".
Por esta razón, la UNGRD ya ha tenido que destinar 2.000 millones de pesos para su operación en la atención de este tipo de emergencias.
Márquez también se refirió al desabastecimiento de agua que sufren 86 municipios del país. Dijo que "en algunos departamentos, como aquí en Caldas (habló desde Manizales), nos han dicho que el desabastecimiento ha comenzado a mermar con la llegada de algunas lluvias", pero enfatizó en que no se puede bajar la guardia todavía ante la sequía.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es normal que el verano merme un poco entre febrero y marzo, así como que llegue la habitual temporada de lluvias de abril. No obstante, el fenómeno del Niño causante de esta ola de calor seguirá vigente hasta mediados de este año.
En consecuencia, el director de la UNGRD pidió mantener el ahorro de agua "que a nivel nacional no se ha sentido de forma significativa". También instó a las autoridades locales para que hagan seguimiento a quienes roban el líquido y las personas que causan los incendios forestales.


lunes, 15 de febrero de 2016

SEMANA 3: POLÍTICA

Directora del ICBF y gobernadora responden por crisis en La Guajira

Cristina Plazas y Oneida Pinto hablan sobre la crisis de desnutrición en los niños del departamento.

¿De qué dimensión es la crisis de los niños wayú de La Guajira?

Lo que está sucediendo en La Guajira es una vergüenza, una infamia; es una crueldad lo que están viviendo los niños wayú. Siempre hemos tenido a La Guajira como prioridad y hemos realizado acciones muy importantes en busca de soluciones.
¿Cuáles han sido esas acciones?

Al principio no teníamos información de dónde estaban los niños de La Guajira. Fuimos a las rancherías a buscarlos. Y en este proceso encontráramos a 15.345 niños menores de cinco años en 1.575 rancherías. Y de esos, 897 niños estaban con desnutrición aguda. Es decir, su vida estaba en riesgo, lo mismo que la de 91 madres gestantes de bajo peso. Y lo que hicimos fue vincularlos a la ruta de atención a la desnutrición. También identificamos que a 4.003 niños no les estábamos prestando ningún servicio y los incluimos en nuestros programas.
¿Y a cuántos niños están atendiendo hoy?

A 61.332 niños en nuestros programas de primera infancia y a 17.600 niños en recuperación nutricional; eso quiere decir que le hemos salvado la vida a más de 17.000 niños a La Guajira.
¿Cuánto ha invertido el Icbf en esa región?

Para el 2016 tenemos presupuestados 160.000 millones de pesos. El año pasado fueron 128 mil millones de pesos. No solo en nuestros programas, pues se trata de darles a los niños una atención integral. Hemos instalado 148 tanques almacenadores de agua y hemos puesto en operación 23 carrotanques y 14 plantas potabilizadoras. Hemos llevado más de 13 millones de litros de agua a La Guajira.
Ante esta crisis, todos los señalamientos son para el Icbf y para usted. ¿Qué opina?

Ojalá echarse la culpa los unos a los otros fuera a solucionar la problemática de La Guajira y previniera que los niños se murieran. El llamado es a que todos nos pongamos la misma camiseta y estemos en el mismo equipo y que cada uno de los actores que deben hacer parte de la solución de esta problemática cumplan a cabalidad con sus funciones.
¿Ha habido desidia y desinterés de parte de la Gobernación de La Guajira y los alcaldes de los municipios, o de otras entidades del Gobierno?

Necesitamos que todos los que conformamos el Gobierno Nacional hagamos lo que esté a nuestro alcance y cumplamos con nuestras funciones. Lo mismo que el Gobierno departamental, los alcaldes, y otros actores fundamentales: las autoridades indígenas, los papás y las mamás; ellos también deben cumplir con sus deberes para que ningún niño se muera. Si hay uno de estos actores que no cumple con su función, los niños seguirán muriéndose de hambre. Esto es un mea culpa de todos.
Para hacer claridad, y dado que el presidente Santos dijo que varios de los niños muertos estaban “bajo protección” de Bienestar, ¿estaban o no estos niños bajo custodia del Instituto o no?

Quiero aclarar que ninguno de esos niños estaba bajo la protección del Icbf. Cuando uno habla del sistema de protección son aquellos niños que han sido abandonados, víctimas de violencia sexual, que han sufrido maltrato de sus padres y o por otras causas. Y los que han muerto no han estado bajo el sistema de protección.
¿Y de qué murieron?

De los 61.000 niños que atendemos en La Guajira, tristemente dos de ellos fallecieron: el primero era un niño que en el 2014 fue atendido en un centro de desarrollo infantil durante tres meses; pero después del 2014 no lo volvieron a llevar y falleció en el segundo semestre del 2015. El otro niño solo estuvo durante 20 días en un hogar comunitario, y falleció un tiempo después. Hemos salvado a 17.600 en centros de recuperación nutricional y lamentablemente dos de ellos han fallecido.
Hay niños que llegan en muy mal estado…

Claro. Y una sola muerte es una tragedia. Pero cuando un niño llega en una situación tan crítica, tan malito, es muy difícil de recuperar. Pero no puede quedar la sensación de que los niños a los que atendemos se están muriendo.
La Procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia aseguró que frente a La Guajira ha habido, de parte de Bienestar, improvisación, falta de planeación, variación injustificada de estrategias y además corrupción… ¿Qué responde?

Es muy raro, porque con la doctora Ilva Myriam Hoyos hemos trabajado de la mano y es increíble que solo hasta hoy haya tenido estas observaciones y no haya requerido a la entidad con anterioridad. Hasta ahora no ha hecho ningún requerimiento. Y en el tema de corrupción he sido yo la persona que ha denunciado la corrupción que encontré en programas del Icbf.
¿De qué se tratan esas denuncias?

He llevado las denuncias a la Fiscalía General de la Nación y se han capturado personas en La Guajira, Atlántico y Nariño, y hemos trabajando de la mano de la Dian. Esta mafia es peor que la del narcotráfico. Logramos identificar que existen presiones políticas, de intereses particulares, y funcionarios del Icbf involucrados en esto, y por eso hemos denunciado ante la Fiscalía todo lo que encontramos. Ya hay varias capturas y condenas.
Usted ha cambiado muchos operadores del Icbf en todo el país, por las irregularidades que ha encontrado. ¿Cuál ha sido la reacción en La Guajira?

Hay gente que no está contenta. Obviamente, cuando no se renuevan ciertos contratos, siempre hay personas que no están de acuerdo. Pero no nos hemos dejado presionar. Para nosotros lo importante es la calidad y los derechos de los niños del país, y solo contratamos a los que tiene los mejores puntajes.
¿Ha pensado en renunciar?
No, ¿por qué voy a renunciar? Estoy cumpliendo con mi trabajo y he demostrado que La Guajira es prioridad y que hemos hecho cambios estructurales. Y las medidas que se han tomado han sido muy importantes.
‘Mayoría de niños de 0 a 5 años no están en programas de alimentación’: Oneida Pinto, gobernadora
A raíz de la muerte de niños wayús, en los últimos días se ha hablado de las responsabilidades, ¿de quién depende el bienestar de estos menores?
Aquí hay una responsabilidad de todos. Primero, del Ministerio de Salud porque no hay un modelo diferencial para los indígenas; las EPS también tienen responsabilidad, y hasta los gerentes de los hospitales por no tener las condiciones logísticas necesarias para atender a los niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es responsable porque la mayor parte de los niños de 0 a 5 años de La Guajira no están vinculados a los programas de alimentación. Hoy, cuando las regalías no están, nos vemos más limitados porque cuando La Guajira perdió las regalías, lo perdió todo. Pero más allá de responsabilidades, en este momento tenemos que hablar de soluciones.
El gran reto es enfocar los recursos para las acciones en favor de la niñez…
Solicitamos el acompañamiento de la Procuraduría para que los recursos no se desvíen. La alimentación de los niños tiene que ser para ellos; los alcaldes deben ser vigilantes de la prestación de los servicios. Tenemos que garantizar que los operadores del ICBF y de los comedores escolares cumplan con sus objetivos. Cada uno debe asumir su responsabilidad y asegurar que todo vaya hacia los niños.
¿Qué acciones se han tomado esta semana?
Ya estamos repartiendo agua en carros cisterna y entregamos ayudas alimentarias. Comenzamos con una nueva intervención metodológica que ya nos la entregó el Ministerio de Salud para llegar a atender a las comunidades en sus hogares.
¿Cuál fue la conclusión de la cumbre que sostuvo con el presidente Santos?
El fenómeno del Niño agravó la situación que durante mucho tiempo hemos vivido por la falta de agua; esto, unido a la crisis de la frontera, la diversidad y la densidad de la población, ha generado muchos problemas. La percepción que tenemos ahora es que contamos con un aliado que se llama Juan Manuel Santos. Esto nos permite tener un documento Conpes para trabajar en cada frente con un enfoque diferencial y poder solucionar problemas como el abastecimiento del agua y la atención en salud.
Antes de la reunión, usted habló de la ‘ley de quiebra’…
Estamos en quiebra, hay un presupuesto que no alcanza para las necesidades con las que vivimos. Nos toca pagar 90 millones de dólares, otros embargos y compromisos. El hecho de que se hayan llevado las regalías también nos hace más vulnerables; no existen las condiciones para asumir la responsabilidad que debiéramos tener. Yo no tengo la culpa de encontrar esta región como la encontré, pero sí tengo un compromiso con los guajiros.


SEMANA 3: PROCESO DE PAZ

“Acuerdo sobre víctimas iría en contra del derecho internacional”: AI

A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que no se haga comparecer ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones de DD.HH.

Un día después de que la Corte Penal Internacional condicionara su aprobación del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc a las sanciones que se impongan a aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y violado el Derecho Internacional Humanitario, Amnistía Internacional (AI) afirmó que el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, hecho público el pasado diciembre, supone un primer paso importante, aunque imperfecto, para abordar la injusticia”.

En una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización aseguró que ese acuerdo contiene una serie de disposiciones y ambigüedades “que parecen no ser conformes con el derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Para sustentar su argumento, AI cita como ejemplo que las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional.

Sin embargo, el organismo reconoce que el proceso de paz está más cerca que nunca de ponerle fin al conflicto y que “el cese unilateral del fuego por parte de las Farc y la suspensión, por parte del gobierno, de los bombardeos aéreos han aliviado algunos de los peores efectos que el conflicto ha tenido para la población civil que vive en zonas rurales”.

Amnistía Internacional también se refirió a la situación de los desplazados y expresó su preocupación por el drama que enfrentan los pueblos indígenas, entre ellos los de Cauca, y las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Asimismo advirtió sobre el uso indebido del sistema judicial para desacreditar la labor de los defensores de derechos humanos y mencionó el caso del líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 18 años de prisión en septiembre de 2015 por mantener cautivo ilegalmente a un uniformado que se había infiltrado en una protesta en el Cauca.

“El proceso de restitución de tierras sigue plagado de dificultades… El Estado no está garantizando la seguridad de quienes desean retornar, y no les está brindando un apoyo socioeconómico efectivo”, concluye el documento.

SEMANA 3: ECONOMÍA

¿Por qué no baja el precio de la gasolina si el petróleo ha caído en un 70%?

En días pasados, Dinero habló con el Ministro de Minas y Energía, Tomás González. Los combustibles fueron un tema central, el Ministro aclaró algunas dudas para entender el contexto de su comportamiento y la situación actual de los precios.
Dentro del espacio concedido, se trataron diferentes temas que han incidido directamente en el sector, como los interrogantes sobre el precio de los combustibles teniendo en cuenta las grandes diferencias entre el precio de referencia internacional y el precio interno de los mismos.
En un entorno donde los precios del petróleo han bajado más de 70%, se cuestionaron y recordaron las observaciones en cuanto a los resultados y situación del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
El (FEPC) fue creado en el 2007 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se trasladara a los precios de los consumidores y estos puedan planear sus costos con cierta estabilidad.
Como se observa en la gráfica, cuando los colombianos pagan un precio por encima de los precios de referencia internacional, en dicho fondo se estaría ahorrando dinero, mientras que cuando se paga un valor por debajo de los precios internacionales, el fondo subsidia los precios. Teniendo en cuenta esto, cuando los precios del petróleo estuvieron tan elevados en el pasado, se afirma que las personas estuvieron pagando menos por la gasolina, lo cual es la razón de un déficit causado en el fondo.  
A grandes rasgos, González indicó que la política que se ha armado es para estabilizar los precios, aclarando que en algunos casos las personas están de acuerdo y en otros, la gente quisiera que bajara más.
Entonces, “la estabilización se trata de que cuando el precio internacional de referencia de la gasolina suba en gran medida, los precios internos no suban tanto y cuando los internacionales bajen mucho, los internos no bajen tanto”, afirmó el ministro, aclarando que ha funcionado bien a pesar de los grandes costos fiscales, superando los $500.000 millones al año.
Cuando el ministro se refirió a los comentarios de la corte constitucional en la sentencia contra el fondo de estabilización, señaló  que “hay momentos de ahorro y desahorro, donde los colombianos pagan más que el precio internacional por la gasolina y viceversa. Cuando los colombianos pagan más se ahorra y cuando pagan menos se subsidia”. Esta lógica aplicaría para cualquier fondo de cualquier producto, indicó el ministro.
Además, González recordó que “en la reforma tributaria de 2014 se creó esa contribución con la diferencia de ahorro (diferencial de participación), como una fuente para financiar el FEPC, pero dado que hubo problemas de trámite, la corte dijo que no se podía tener como una fuente del fondo”.
Finalmente, resaltó que “la corte no dijo que no se puede fijar el precio de la gasolina, que no se le pueden poner impuestos a la gasolina, que no pueden presentarse ahorros (…), dijo que no se podía mandar al fondo por vicios de trámite”.
Por tales motivos, “ahora toca buscar una vía legal para restablecer que se pueda, cuando hay ahorro, ahorrar”, teniendo en cuenta el acumulado de más de $4 billones de déficit.
También, se cuestionó sobre cómo ha evolucionado la situación de suministro de gas de Venezuela a Colombia. González, rectificó que se ha debido recibir desde el primer día del año, lo cual no se dio, justificado principalmente por el fenómeno de El Niño. No obstante, el ministro anunció que la infraestructura está lista y preparada para el proceso, por lo cual“espero que podamos tener gas de Venezuela, antes de que se acabe el Niño”, puntualizó.


martes, 9 de febrero de 2016

SEMANA 2: POLÍTICA 2

Juez suspendió acuerdo que autorizaba crear polémica EICE Ceiba de Yopal

El Juzgado Primero Administrativo decretó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo que autorizó la creación de la EICE Ceiba de Yopal. Igualmente suspendió efectos de todos los contratos y actos administrativos que se hayan derivado del mismo.
Así lo determinó hoy el juez Roberto Vega Barrera luego de admitir la acción popular promovida por el exconcejal del Partido Verde, Leonardo Puentes en contra del Municipio y Concejo de Yopal en la que solicitaba las medidas cautelares en razón a graves y flagrantes transgresiones a la Constitución originadas en la aprobación del acuerdo 016 de 2015.
La acción popular está sustentada en varios aspectos como que el acuerdo en mención viola el artículo 313 de la Constitución Política en cuanto reserva la creación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden local al Concejo sin que le sea permitido autorizar al alcalde para su creación.
Igualmente que el objeto y estructura orgánica de la EICE que se autorizó crear es totalmente indeterminado violando el artículo 50 de la ley 489 de 1998. Además se destaca que se comprometieron recursos públicos de vigencias futuras contrariando lo establecido en la ley 819 de 2003.
Para el Juzgado Primero Administrativo los argumentos son válidos y “no es admisible constitucional ni legalmente que el Concejo Municipal de Yopal haya facultado al Alcalde para modificar el presupuesto, pues esta es una de sus atribuciones exclusivas, sin posibilidad de delegarlas”. Por ello es suficiente para adoptar la medida cautelar solicitada.
El Juez considera que hay un “notorio afán del Concejo y el Alcalde de Yopal para invertir recursos públicos en la creación y puesta en funcionamiento de una EICE que preste servicios públicos en el municipio sin la debida planificación y violando el ordenamiento jurídico para poder lograr su propósito, como si “el fin justificara los medios”, sin tener en cuenta que los bienes y dineros públicos deber ser manejados con honestidad, responsabilidad y extremo cuidado, evitando ponerlos en riesgo”.
Los accionados tienen diez días para contestar la demanda y aportar o solicitar la práctica de pruebas.
Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento del alcalde de Yopal que en un principio cuando aún no se había posesionado afirmó que la Ceiba era una empresa lesiva para ciudad y que prácticamente dejaba al alcalde como recepcionista porque administraría todos los activos del municipio.


SEMANA 2: REGIONAL

En Casanare Santos sancionará la polémica ley de Zidres

Se habilitarán siete millones de hectáreas para desarrollar estas zonas de producción agrícola.


En medio de la polémica que generó el proyecto para la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, conocidas como Zidres, el presidente Juan Manuel Santos sancionará la polémica norma.
Permitirá habilitar más de siete millones de hectáreas para la producción de alimentos y recursos forestales, con el uso eficiente del suelo y en armonía con el medio ambiente y ayudará a la generación de empleos dignos en el campo, según reportó la Casa de Nariño.
En Orocué, Casanare, el presidente Santos sancionará la norma y defenderá la iniciativa, argumentando que se busca promover la inclusión de los trabajadores agrarios, aumentar la productividad y promover el desarrollo social y económico en zonas apartadas del país.
Se trata, explicará allí, de convertir en zonas productivas áreas geográficas que se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos, que demanden elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas, y que tengan baja densidad poblacional.
Así mismo estos territorios deberán ser inviables para desarrollar unidades de producción agrícola familiar, deberán además presentar altos índices de pobreza o carecer de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos.
Los beneficiarios por parte del Gobierno Nacional con una política de incentivos, deberán vincular como asociados al pequeño o al mediano productor sin tierra.
Los críticos de la ley han manifestado que despoja a los campesinos de sus derechos y profundiza un pésimo modelo agrario, así como señalan que la norma está llena de tramitología para vincular a los pequeños agricultores.

El presidente Santos defenderá desde Casanare la norma y explicará otros beneficios que podrán tener los campesinos con la nueva Ley de Zidres.