lunes, 29 de febrero de 2016

SEMANA 5: MUNDO

Los puntos más calientes del planeta

En cuatro zonas hay situaciones críticas que podrían explotar con consecuencias imprevisibles: Siria y sus alrededores, el mar del sur de la China, Corea del Norte y Ucrania. Cualquiera de ellas podría poner en peligro la paz mundial.


Basta revisar la prensa internacional para tener la sensación de que el mundo se está desbaratando. Con aterradora frecuencia, junto a las bombas, las masacres y las batallas, los medios de comunicación hablan de nuevos conflictos, de la intensificación de los que ya están en curso, e, incluso, del recrudecimiento de los que parecían bajo control. En efecto, pocas noticias invitan al optimismo. Y, las que así lo hacen, suelen tomarse con escepticismo.

Siria: la guerra múltiple
Eso fue lo que pasó esta semana con el cese al fuego en Siria propiciado por Estados Unidos y Rusia, que entró en vigor a la medianoche del viernes. Muchos dudan de su efectividad porque no incluyó a los combatientes de Estado Islámico (EI, también conocido como Isis) ni a los de Al Nusra, los principales grupos yihadistas responsables de buena parte del medio millón de víctimas.

Además, en Siria, en realidad, se libran varias guerras diferentes que se sobreponen. Lo que comenzó en 2011 como un levantamiento popular contra el régimen alauita de Bashar al Asad degeneró en una guerra abierta entre el Ejército y la oposición, compuesta principalmente por grupos sunitas, algunos de ellos, como el Ejército Libre de Siria, apoyados por Estados Unidos. También reforzó las aspiraciones independentistas de los kurdos, que con el paso del tiempo han consolidado sus conquistas territoriales en el norte del país.

Por otro lado, Irán y Rusia están empeñados en defender a sangre y fuego la permanencia en el poder de Asad, y han enviado tropas y aviones. La primera, porque el presidente sirio pertenece a la rama alauita de los chiitas, y, por lo tanto, es un importante aliado en su lucha global contra los sunitas. Y la segunda, porque Asad pertenece al partido Baath, el socialismo panárabe alineado con la Unión Soviética en la Guerra Fría, que le concedió una importante base naval que la Rusia de hoy no está dispuesta a perder. Del lado contrario, Estados Unidos, Arabia Saudita y otros 60 países no aceptan nada que no implique la caída de Asad. Consecuentemente, el conflicto ha cruzado las fronteras y hoy Líbano, Jordania y Turquía no solo tienen que encargarse de millones de refugiados, sino que se enfrentan a la posibilidad de que estallen en sus territorios guerras civiles como la que ha dejado en ruinas a Siria. De hecho, eso está sucediendo en Libia, donde varios grupos armados buscan llenar el vacío que dejó la caída de Muamar el Gadafi, entre ellos EI.

A su vez, la guerra de Siria ha propiciado el inesperado enfrentamiento entre Rusia y Turquía. Aunque hasta hace poco esos dos países mantenían relaciones cordiales, la suerte del régimen de Asad los ha puesto en las orillas opuestas. El derribo de un avión ruso, que según los turcos había ingresado a su espacio aéreo a finales de 2015, disparó las alarmas, pues, si el Kremlin hubiera respondido de la misma manera, todas las fuerzas de la Otan habrían tenido que intervenir para proteger a Turquía, debido al principio de mutua defensa inscrito en el tratado constitutivo de esa organización. Debido a las malas relaciones entre Ankara y Moscú, un incidente similar podría repetirse, lo que probablemente abriría la caja de Pandora de una guerra entre Rusia y la Otan. Uno de cuyos integrantes, por supuesto, es Estados Unidos.

China: despierta el gigante
Al otro lado del mundo, en el mar del sur de la China, esta y otros cinco países se disputan las islas Spratley y Paracelso. Se trata de dos archipiélagos en cuyas cercanías hay 190 billones de metros cúbicos de gas natural, 11.000 millones de petróleo y por el circulan anualmente 5,3 billones de dólares en comercio. Las razones por las que ese enfrentamiento tiene en alerta máxima al este de Asia son las acciones unilaterales emprendidas por China y las alianzas de defensa militar entre sus oponentes y Estados Unidos.

Por un lado, gracias a su músculo económico y a su renovado poderío militar, China ha construido en la zona varias islas artificiales sobre arrecifes naturales y ha reclamado una zona económica exclusiva alrededor de ellas. Para respaldar sus aspiraciones, ha construido en ellas aeropuertos militares y ha instalado lanzaderas de misiles y radares. Por el otro, Estados Unidos –que mantiene tratados de cooperación militar con Filipinas y con Vietnam– se ha negado a reconocer las aspiraciones territoriales de Beijing, y ha emprendido operaciones aéreas y navales para ejercer la libertad de navegación en la zona.

En efecto, lo que está en juego en la región es la rivalidad entre Estados Unidos y China, país que desde los años noventa ha experimentado un fuerte crecimiento comercial, y que ahora busca desafiar el dominio que desde el final de la Segunda Guerra Mundial ejerce Washington allí. Y aunque hasta ahora el enfrentamiento ha sido, sobre todo, diplomático, la tensión es tan alta que un simple error de cálculo de un mando medio podría disparar un enfrentamiento militar.

Ucrania: nostalgia de la Unión Soviética
En Ucrania, la guerra civil entre el gobierno y los separatistas apoyados con armas y presupuesto por Moscú ha dejado más de 9.000 víctimas fatales, 21.000 heridos, casi 1 millón de migrantes y unos 100.000 millones de dólares en pérdidas. Pese a los acuerdos de Minsk firmados en febrero de 2015, el conflicto se mantuvo latente durante todo el año, con violaciones sistemáticas del cese al fuego y la intensificación de los combates en diciembre.

El gran temor de observadores internacionales es que el presidente ruso, Vladimir Putin, recrudezca aún más esa guerra para seguir debilitando a la Unión Europea, o que intervenga en otros lugares con importantes minorías rusas, en particular los países bálticos. Estos, por pertenecer a la Otan, podrían arrastrar a un conflicto con Rusia a buena parte de Occidente. Como en la Guerra Fría, el enorme despliegue de tropas y de armamento tanto de esa organización como del Kremlin ha convertido la zona nororiental de Europa en uno de los rincones con mayor presencia militar del planeta. A su vez, la ausencia de reglas claras y el nuevo protagonismo de las armas nucleares hacen que la posibilidad de una confrontación a gran escala en las puertas de Europa vuelva a estar sobre la mesa.

Corea: el Estado bribón
Como si lo anterior fuera poco, a esos conflictos se agrega la amenaza nuclear de Corea del Norte, donde la llegada de Kim Jong-un al poder en 2011 ha hecho aún más impredecible al más cerrado de los países. Además de ejecutar a más de 70 oficiales, su gobierno ha realizado varios ensayos de misiles de largo alcance y cuatro de armas nucleares. En la actualidad, se teme que cuente con 16 bombas atómicas, algunas de las cuales podrían estar enriquecidas con hidrógeno radioactivo para aumentar su poder.

En el pasado, el principal temor que ese conflicto planteaba era un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por cuenta de las alianzas que esos países sostienen con las dos Coreas, que tras la guerra de los años cincuenta nunca firmaron la paz sino un simple armisticio. Hoy, por el contrario, los indicios de que la influencia de Beijing sobre su aliado de Pyongyang está disminuyendo tienen al resto del planeta con los pelos de punta. De hecho, pese al peligro que planteaba la alianza entre esos países, la influencia de China era la principal herramienta para controlar a los impredecibles gobernantes norcoreanos, que en la actualidad parecen más decididos que nunca a usar su arsenal.

SEMANA 5: ECONOMÍA

Los despidos masivos que marcarán 2016
La crisis del petróleo y el mal momento de los mercados podrían dejar miles de desempleados en el mundo. Estos son algunos de los que ya están anunciados.

En los dos primeros meses del año los anuncios de ajuste han llegado de todos los sectores pero especialmente de firmas relacionadas con materias primas, como el petróleo. El crudo ha perdido más del 70% de su valor desde mediados de 2014.

Estas son algunas de las firmas que ya anunciaron los planes:

Petróleo: Halliburton  y Ecopetrol
Halliburton, un gigante de servicios petroleros, anunció el despido de 5.000 trabajadores adicionales por cuenta del desplome de los precios del crudo. Desde que comenzó la crisis, la firma ha salido del 25% de su personal afectando a unas 22.000 personas.
En Colombia, Ecopetrol podría reducir en 3.000 personas su planta de personal este año. La compañía tuvo un máximo histórico de 48.000 colaboradores y ahora sólo tendrá 30.000.  

Tecnología: Yahoo y HP
Después de registrar pérdidas por más de US$4.000 millones el año pasado, la firma Yahoo anunció una reorganización que implica la reducción del 15% de sus puestos de trabajo y el cierre de oficinas en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Milán. Los inversionistas de la firma están presionando a los directivos para que vendan activos no estratégicos y generen ganancias ocasionales.
Por su parte HP Inc cortará 3.000 empleados como consecuencia de la baja demanda por computadores e impresoras en Estados Unidos. Las compañías están recortando sus gastos en impresión, mientras que las personas están enfocándose más en celulares que en equipos personales. HP registró una caída de 12% en sus ingresos en el último trimestre.

Aviación: AirFrance y Boeing
AirFrance comenzó un plan de recorte de 1.600 empleados que afectará principalmente a mecánicos y trabajadores aeroportuarios, y se basará en  un plan de retiros voluntarios, según información extra oficial. AirFrance está buscando reducir sus costos operativos para competir con las aerolíneas de bajo costo y alejar los fantasmas de la quiebra.
Por su parte el fabricante de aviones Boeing dijo que ha iniciado planes de reducción de personal, sin especificar el número preciso de afectados. 

Industria automotriz en Brasil
Los fabricantes de autos en Brasil ya despidieron a 15.000 personas y 6.000 más podrían ser sumadas a la lista en medio de la peor crisis de ese país en cien años. Bloomberg reportó que las firmas del sector han acudido a acuerdos con el gobierno para subsidiar parcialmente los salarios de algunos trabajadores y evitar mayores recortes.

La banca también se retrae
Barclays, Deutsche Bank, BTG Pactual, Lloyds, Bank of America y BNP Paribas están entre los bancos que han decidido cerrar algunas unidades de negocios este año como respuesta al mal comienzo de los mercados este año. Sin embargo, en valores absolutos, los recortes no son tan impactantes como en otras industrias.

SEMANA 5:LIDERAZGO 2


martes, 23 de febrero de 2016

SEMANA 4: JUDICIAL

Ley de Víctimas deberá acoger a menores de edad desvinculados de las bandas criminales: Corte
El alto tribunal expandió los alcances de la ley 1448 de 2011 para darle asistencia y reparación integral a las víctimas de los denominados grupos post desmovilización.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 190 de la ley 1448 de 2011 que establecer la reparación integral y otras medidas que se deben adelantar en el caso de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Sin embargo, indica el alto tribunal, que dicha atención y asistencia se deben extender a los menores de edad que se desvincularon de los grupos que se crearon después de un proceso de desmovilización, como es el caso de las denominadas Bandas Criminales que se conformaron en los últimos años.

En el debate jurídico se manifestó que la ley únicamente hacía referencia a los menores que desertaran de los grupos armados al margen de la ley–guerrilla y paramilitares- pero no de grupo armados post desmovilización, como los que se conformaron en varias regiones del país por varios de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Corte Constitucional ordenó que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas del reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.
En el análisis la Corte citó jurisprudencia que indica que la condición de víctima de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, no puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que incurrió en el hecho victimizante.

Es decir, la misma se debe hacer frente a la relación existente entre la situación generadora de la violación de los derechos y el marco del conflicto armado, contexto en el cual se ha considerado que las conductas atribuidas a los grupos post desmovilización, entre ellas, el reclutamiento ilícito, han tenido ocurrencia en el ámbito del conflicto armado, dada su relación con la complejidad real e histórica.

Debido a esto la Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito.

SEMANA 4:LIDERAZGO


SEMANA 4: MEDIO AMBIENTE

Cada día se han producido 18 incendios forestales en lo que va de 2016
El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo reporta ocho conflagraciones activas en el país.
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia son los departamentos más afectados en este momento por los incendios forestales, que suman ocho en todo el país, según reportó este sábado en la mañana el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez.
El total es de 942 conflagraciones que han consumido 10.000 hectáreas entre enero y lo que va corrido de febrero de este año. Según el funcionario, "casi todos han sido causados por la mano del hombre".
Por esta razón, la UNGRD ya ha tenido que destinar 2.000 millones de pesos para su operación en la atención de este tipo de emergencias.
Márquez también se refirió al desabastecimiento de agua que sufren 86 municipios del país. Dijo que "en algunos departamentos, como aquí en Caldas (habló desde Manizales), nos han dicho que el desabastecimiento ha comenzado a mermar con la llegada de algunas lluvias", pero enfatizó en que no se puede bajar la guardia todavía ante la sequía.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es normal que el verano merme un poco entre febrero y marzo, así como que llegue la habitual temporada de lluvias de abril. No obstante, el fenómeno del Niño causante de esta ola de calor seguirá vigente hasta mediados de este año.
En consecuencia, el director de la UNGRD pidió mantener el ahorro de agua "que a nivel nacional no se ha sentido de forma significativa". También instó a las autoridades locales para que hagan seguimiento a quienes roban el líquido y las personas que causan los incendios forestales.


lunes, 15 de febrero de 2016

SEMANA 3: POLÍTICA

Directora del ICBF y gobernadora responden por crisis en La Guajira

Cristina Plazas y Oneida Pinto hablan sobre la crisis de desnutrición en los niños del departamento.

¿De qué dimensión es la crisis de los niños wayú de La Guajira?

Lo que está sucediendo en La Guajira es una vergüenza, una infamia; es una crueldad lo que están viviendo los niños wayú. Siempre hemos tenido a La Guajira como prioridad y hemos realizado acciones muy importantes en busca de soluciones.
¿Cuáles han sido esas acciones?

Al principio no teníamos información de dónde estaban los niños de La Guajira. Fuimos a las rancherías a buscarlos. Y en este proceso encontráramos a 15.345 niños menores de cinco años en 1.575 rancherías. Y de esos, 897 niños estaban con desnutrición aguda. Es decir, su vida estaba en riesgo, lo mismo que la de 91 madres gestantes de bajo peso. Y lo que hicimos fue vincularlos a la ruta de atención a la desnutrición. También identificamos que a 4.003 niños no les estábamos prestando ningún servicio y los incluimos en nuestros programas.
¿Y a cuántos niños están atendiendo hoy?

A 61.332 niños en nuestros programas de primera infancia y a 17.600 niños en recuperación nutricional; eso quiere decir que le hemos salvado la vida a más de 17.000 niños a La Guajira.
¿Cuánto ha invertido el Icbf en esa región?

Para el 2016 tenemos presupuestados 160.000 millones de pesos. El año pasado fueron 128 mil millones de pesos. No solo en nuestros programas, pues se trata de darles a los niños una atención integral. Hemos instalado 148 tanques almacenadores de agua y hemos puesto en operación 23 carrotanques y 14 plantas potabilizadoras. Hemos llevado más de 13 millones de litros de agua a La Guajira.
Ante esta crisis, todos los señalamientos son para el Icbf y para usted. ¿Qué opina?

Ojalá echarse la culpa los unos a los otros fuera a solucionar la problemática de La Guajira y previniera que los niños se murieran. El llamado es a que todos nos pongamos la misma camiseta y estemos en el mismo equipo y que cada uno de los actores que deben hacer parte de la solución de esta problemática cumplan a cabalidad con sus funciones.
¿Ha habido desidia y desinterés de parte de la Gobernación de La Guajira y los alcaldes de los municipios, o de otras entidades del Gobierno?

Necesitamos que todos los que conformamos el Gobierno Nacional hagamos lo que esté a nuestro alcance y cumplamos con nuestras funciones. Lo mismo que el Gobierno departamental, los alcaldes, y otros actores fundamentales: las autoridades indígenas, los papás y las mamás; ellos también deben cumplir con sus deberes para que ningún niño se muera. Si hay uno de estos actores que no cumple con su función, los niños seguirán muriéndose de hambre. Esto es un mea culpa de todos.
Para hacer claridad, y dado que el presidente Santos dijo que varios de los niños muertos estaban “bajo protección” de Bienestar, ¿estaban o no estos niños bajo custodia del Instituto o no?

Quiero aclarar que ninguno de esos niños estaba bajo la protección del Icbf. Cuando uno habla del sistema de protección son aquellos niños que han sido abandonados, víctimas de violencia sexual, que han sufrido maltrato de sus padres y o por otras causas. Y los que han muerto no han estado bajo el sistema de protección.
¿Y de qué murieron?

De los 61.000 niños que atendemos en La Guajira, tristemente dos de ellos fallecieron: el primero era un niño que en el 2014 fue atendido en un centro de desarrollo infantil durante tres meses; pero después del 2014 no lo volvieron a llevar y falleció en el segundo semestre del 2015. El otro niño solo estuvo durante 20 días en un hogar comunitario, y falleció un tiempo después. Hemos salvado a 17.600 en centros de recuperación nutricional y lamentablemente dos de ellos han fallecido.
Hay niños que llegan en muy mal estado…

Claro. Y una sola muerte es una tragedia. Pero cuando un niño llega en una situación tan crítica, tan malito, es muy difícil de recuperar. Pero no puede quedar la sensación de que los niños a los que atendemos se están muriendo.
La Procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia aseguró que frente a La Guajira ha habido, de parte de Bienestar, improvisación, falta de planeación, variación injustificada de estrategias y además corrupción… ¿Qué responde?

Es muy raro, porque con la doctora Ilva Myriam Hoyos hemos trabajado de la mano y es increíble que solo hasta hoy haya tenido estas observaciones y no haya requerido a la entidad con anterioridad. Hasta ahora no ha hecho ningún requerimiento. Y en el tema de corrupción he sido yo la persona que ha denunciado la corrupción que encontré en programas del Icbf.
¿De qué se tratan esas denuncias?

He llevado las denuncias a la Fiscalía General de la Nación y se han capturado personas en La Guajira, Atlántico y Nariño, y hemos trabajando de la mano de la Dian. Esta mafia es peor que la del narcotráfico. Logramos identificar que existen presiones políticas, de intereses particulares, y funcionarios del Icbf involucrados en esto, y por eso hemos denunciado ante la Fiscalía todo lo que encontramos. Ya hay varias capturas y condenas.
Usted ha cambiado muchos operadores del Icbf en todo el país, por las irregularidades que ha encontrado. ¿Cuál ha sido la reacción en La Guajira?

Hay gente que no está contenta. Obviamente, cuando no se renuevan ciertos contratos, siempre hay personas que no están de acuerdo. Pero no nos hemos dejado presionar. Para nosotros lo importante es la calidad y los derechos de los niños del país, y solo contratamos a los que tiene los mejores puntajes.
¿Ha pensado en renunciar?
No, ¿por qué voy a renunciar? Estoy cumpliendo con mi trabajo y he demostrado que La Guajira es prioridad y que hemos hecho cambios estructurales. Y las medidas que se han tomado han sido muy importantes.
‘Mayoría de niños de 0 a 5 años no están en programas de alimentación’: Oneida Pinto, gobernadora
A raíz de la muerte de niños wayús, en los últimos días se ha hablado de las responsabilidades, ¿de quién depende el bienestar de estos menores?
Aquí hay una responsabilidad de todos. Primero, del Ministerio de Salud porque no hay un modelo diferencial para los indígenas; las EPS también tienen responsabilidad, y hasta los gerentes de los hospitales por no tener las condiciones logísticas necesarias para atender a los niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es responsable porque la mayor parte de los niños de 0 a 5 años de La Guajira no están vinculados a los programas de alimentación. Hoy, cuando las regalías no están, nos vemos más limitados porque cuando La Guajira perdió las regalías, lo perdió todo. Pero más allá de responsabilidades, en este momento tenemos que hablar de soluciones.
El gran reto es enfocar los recursos para las acciones en favor de la niñez…
Solicitamos el acompañamiento de la Procuraduría para que los recursos no se desvíen. La alimentación de los niños tiene que ser para ellos; los alcaldes deben ser vigilantes de la prestación de los servicios. Tenemos que garantizar que los operadores del ICBF y de los comedores escolares cumplan con sus objetivos. Cada uno debe asumir su responsabilidad y asegurar que todo vaya hacia los niños.
¿Qué acciones se han tomado esta semana?
Ya estamos repartiendo agua en carros cisterna y entregamos ayudas alimentarias. Comenzamos con una nueva intervención metodológica que ya nos la entregó el Ministerio de Salud para llegar a atender a las comunidades en sus hogares.
¿Cuál fue la conclusión de la cumbre que sostuvo con el presidente Santos?
El fenómeno del Niño agravó la situación que durante mucho tiempo hemos vivido por la falta de agua; esto, unido a la crisis de la frontera, la diversidad y la densidad de la población, ha generado muchos problemas. La percepción que tenemos ahora es que contamos con un aliado que se llama Juan Manuel Santos. Esto nos permite tener un documento Conpes para trabajar en cada frente con un enfoque diferencial y poder solucionar problemas como el abastecimiento del agua y la atención en salud.
Antes de la reunión, usted habló de la ‘ley de quiebra’…
Estamos en quiebra, hay un presupuesto que no alcanza para las necesidades con las que vivimos. Nos toca pagar 90 millones de dólares, otros embargos y compromisos. El hecho de que se hayan llevado las regalías también nos hace más vulnerables; no existen las condiciones para asumir la responsabilidad que debiéramos tener. Yo no tengo la culpa de encontrar esta región como la encontré, pero sí tengo un compromiso con los guajiros.


SEMANA 3: PROCESO DE PAZ

“Acuerdo sobre víctimas iría en contra del derecho internacional”: AI

A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que no se haga comparecer ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones de DD.HH.

Un día después de que la Corte Penal Internacional condicionara su aprobación del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc a las sanciones que se impongan a aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y violado el Derecho Internacional Humanitario, Amnistía Internacional (AI) afirmó que el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, hecho público el pasado diciembre, supone un primer paso importante, aunque imperfecto, para abordar la injusticia”.

En una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización aseguró que ese acuerdo contiene una serie de disposiciones y ambigüedades “que parecen no ser conformes con el derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Para sustentar su argumento, AI cita como ejemplo que las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional.

Sin embargo, el organismo reconoce que el proceso de paz está más cerca que nunca de ponerle fin al conflicto y que “el cese unilateral del fuego por parte de las Farc y la suspensión, por parte del gobierno, de los bombardeos aéreos han aliviado algunos de los peores efectos que el conflicto ha tenido para la población civil que vive en zonas rurales”.

Amnistía Internacional también se refirió a la situación de los desplazados y expresó su preocupación por el drama que enfrentan los pueblos indígenas, entre ellos los de Cauca, y las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Asimismo advirtió sobre el uso indebido del sistema judicial para desacreditar la labor de los defensores de derechos humanos y mencionó el caso del líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 18 años de prisión en septiembre de 2015 por mantener cautivo ilegalmente a un uniformado que se había infiltrado en una protesta en el Cauca.

“El proceso de restitución de tierras sigue plagado de dificultades… El Estado no está garantizando la seguridad de quienes desean retornar, y no les está brindando un apoyo socioeconómico efectivo”, concluye el documento.

SEMANA 3: ECONOMÍA

¿Por qué no baja el precio de la gasolina si el petróleo ha caído en un 70%?

En días pasados, Dinero habló con el Ministro de Minas y Energía, Tomás González. Los combustibles fueron un tema central, el Ministro aclaró algunas dudas para entender el contexto de su comportamiento y la situación actual de los precios.
Dentro del espacio concedido, se trataron diferentes temas que han incidido directamente en el sector, como los interrogantes sobre el precio de los combustibles teniendo en cuenta las grandes diferencias entre el precio de referencia internacional y el precio interno de los mismos.
En un entorno donde los precios del petróleo han bajado más de 70%, se cuestionaron y recordaron las observaciones en cuanto a los resultados y situación del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
El (FEPC) fue creado en el 2007 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se trasladara a los precios de los consumidores y estos puedan planear sus costos con cierta estabilidad.
Como se observa en la gráfica, cuando los colombianos pagan un precio por encima de los precios de referencia internacional, en dicho fondo se estaría ahorrando dinero, mientras que cuando se paga un valor por debajo de los precios internacionales, el fondo subsidia los precios. Teniendo en cuenta esto, cuando los precios del petróleo estuvieron tan elevados en el pasado, se afirma que las personas estuvieron pagando menos por la gasolina, lo cual es la razón de un déficit causado en el fondo.  
A grandes rasgos, González indicó que la política que se ha armado es para estabilizar los precios, aclarando que en algunos casos las personas están de acuerdo y en otros, la gente quisiera que bajara más.
Entonces, “la estabilización se trata de que cuando el precio internacional de referencia de la gasolina suba en gran medida, los precios internos no suban tanto y cuando los internacionales bajen mucho, los internos no bajen tanto”, afirmó el ministro, aclarando que ha funcionado bien a pesar de los grandes costos fiscales, superando los $500.000 millones al año.
Cuando el ministro se refirió a los comentarios de la corte constitucional en la sentencia contra el fondo de estabilización, señaló  que “hay momentos de ahorro y desahorro, donde los colombianos pagan más que el precio internacional por la gasolina y viceversa. Cuando los colombianos pagan más se ahorra y cuando pagan menos se subsidia”. Esta lógica aplicaría para cualquier fondo de cualquier producto, indicó el ministro.
Además, González recordó que “en la reforma tributaria de 2014 se creó esa contribución con la diferencia de ahorro (diferencial de participación), como una fuente para financiar el FEPC, pero dado que hubo problemas de trámite, la corte dijo que no se podía tener como una fuente del fondo”.
Finalmente, resaltó que “la corte no dijo que no se puede fijar el precio de la gasolina, que no se le pueden poner impuestos a la gasolina, que no pueden presentarse ahorros (…), dijo que no se podía mandar al fondo por vicios de trámite”.
Por tales motivos, “ahora toca buscar una vía legal para restablecer que se pueda, cuando hay ahorro, ahorrar”, teniendo en cuenta el acumulado de más de $4 billones de déficit.
También, se cuestionó sobre cómo ha evolucionado la situación de suministro de gas de Venezuela a Colombia. González, rectificó que se ha debido recibir desde el primer día del año, lo cual no se dio, justificado principalmente por el fenómeno de El Niño. No obstante, el ministro anunció que la infraestructura está lista y preparada para el proceso, por lo cual“espero que podamos tener gas de Venezuela, antes de que se acabe el Niño”, puntualizó.


martes, 9 de febrero de 2016

SEMANA 2: POLÍTICA 2

Juez suspendió acuerdo que autorizaba crear polémica EICE Ceiba de Yopal

El Juzgado Primero Administrativo decretó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo que autorizó la creación de la EICE Ceiba de Yopal. Igualmente suspendió efectos de todos los contratos y actos administrativos que se hayan derivado del mismo.
Así lo determinó hoy el juez Roberto Vega Barrera luego de admitir la acción popular promovida por el exconcejal del Partido Verde, Leonardo Puentes en contra del Municipio y Concejo de Yopal en la que solicitaba las medidas cautelares en razón a graves y flagrantes transgresiones a la Constitución originadas en la aprobación del acuerdo 016 de 2015.
La acción popular está sustentada en varios aspectos como que el acuerdo en mención viola el artículo 313 de la Constitución Política en cuanto reserva la creación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden local al Concejo sin que le sea permitido autorizar al alcalde para su creación.
Igualmente que el objeto y estructura orgánica de la EICE que se autorizó crear es totalmente indeterminado violando el artículo 50 de la ley 489 de 1998. Además se destaca que se comprometieron recursos públicos de vigencias futuras contrariando lo establecido en la ley 819 de 2003.
Para el Juzgado Primero Administrativo los argumentos son válidos y “no es admisible constitucional ni legalmente que el Concejo Municipal de Yopal haya facultado al Alcalde para modificar el presupuesto, pues esta es una de sus atribuciones exclusivas, sin posibilidad de delegarlas”. Por ello es suficiente para adoptar la medida cautelar solicitada.
El Juez considera que hay un “notorio afán del Concejo y el Alcalde de Yopal para invertir recursos públicos en la creación y puesta en funcionamiento de una EICE que preste servicios públicos en el municipio sin la debida planificación y violando el ordenamiento jurídico para poder lograr su propósito, como si “el fin justificara los medios”, sin tener en cuenta que los bienes y dineros públicos deber ser manejados con honestidad, responsabilidad y extremo cuidado, evitando ponerlos en riesgo”.
Los accionados tienen diez días para contestar la demanda y aportar o solicitar la práctica de pruebas.
Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento del alcalde de Yopal que en un principio cuando aún no se había posesionado afirmó que la Ceiba era una empresa lesiva para ciudad y que prácticamente dejaba al alcalde como recepcionista porque administraría todos los activos del municipio.


SEMANA 2: REGIONAL

En Casanare Santos sancionará la polémica ley de Zidres

Se habilitarán siete millones de hectáreas para desarrollar estas zonas de producción agrícola.


En medio de la polémica que generó el proyecto para la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, conocidas como Zidres, el presidente Juan Manuel Santos sancionará la polémica norma.
Permitirá habilitar más de siete millones de hectáreas para la producción de alimentos y recursos forestales, con el uso eficiente del suelo y en armonía con el medio ambiente y ayudará a la generación de empleos dignos en el campo, según reportó la Casa de Nariño.
En Orocué, Casanare, el presidente Santos sancionará la norma y defenderá la iniciativa, argumentando que se busca promover la inclusión de los trabajadores agrarios, aumentar la productividad y promover el desarrollo social y económico en zonas apartadas del país.
Se trata, explicará allí, de convertir en zonas productivas áreas geográficas que se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos, que demanden elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas, y que tengan baja densidad poblacional.
Así mismo estos territorios deberán ser inviables para desarrollar unidades de producción agrícola familiar, deberán además presentar altos índices de pobreza o carecer de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos.
Los beneficiarios por parte del Gobierno Nacional con una política de incentivos, deberán vincular como asociados al pequeño o al mediano productor sin tierra.
Los críticos de la ley han manifestado que despoja a los campesinos de sus derechos y profundiza un pésimo modelo agrario, así como señalan que la norma está llena de tramitología para vincular a los pequeños agricultores.

El presidente Santos defenderá desde Casanare la norma y explicará otros beneficios que podrán tener los campesinos con la nueva Ley de Zidres.

SEMANA 2: POLÍTICA 1

Abogado de 'John Calzones' lo denunció por amenaza de muerte

Dice que Torres sobornó para salir libre y que este no quiere pagarle honorarios por su trabajo.

 El polémico alcalde de Yopal (Casanare), John Jairo Torres Torres, conocido como ‘John Calzones’ afronta un nuevo lío con la justicia.








Su abogado, Jonathan Granados, aseguró que interpuso una demanda en su contra ante la Fiscalía, después de haber sido víctima de amenazas de muerte que el funcionario le hizo personalmente.
En diálogo con EL TIEMPO, Granados exclamó que haber sido el representante jurídico de Torres Torres se convirtió en lo peor que le pudo ocurrir.
“Haber sido el abogado del señor John Jairo Torres ha sido para mí una maldición, porque ahora tengo que andar escondido,  porque después que lo saco de la cárcel me amenazó de muerte”, dijo.
Precisó que el ahora alcalde de Yopal lanzó las amenazas cuando fue hasta su despacho a cobrarle sus honorarios, que superarían los 7 millones de pesos.
“Me dijo: ‘Doctor, si me va a dar primero, pues deme, porque si yo le doy sí que no lo dejo vivo”, manifestó Jonathan Granados.
El abogado recibió poder para representar a Torres en su proceso el 12 noviembre del año pasado, estando en la cárcel Modelo de Bogotá, en donde Torres se encontraba privado de la libertad acusado del delito de urbanización ilegal.
‘John Calzones' cambió de abogado en esa fecha luego de las diferencias que afrontó con Mario Iguarán Arana –su entonces representante jurídico–, a quien acusó de haberlo enviado a la cárcel.
Según Jonathan Granados, un grupo de personas cercanos a Torres Torres les han estado haciendo seguimiento. Dice que teme por su vida y por eso interpuso la denuncia ante las autoridades.
Agregó que la última conversación con su defendido lo dejó muy preocupado.
“Fui hasta donde él y le dije: mire ‘JJ’, ya usted se posesionó a la Alcaldía y me dijo que a los 15 días me cancelaba mis honorarios. Me respondió: ‘Yo con usted no tengo nada que arreglar, cuánto cobra usted por audiencia. No ve que yo tuve que arreglar todo'. Me dijo –manifestó Granados– que había pagado a la dirección del Inpec, a la dirección del hospital, al juez segundo, a un juez primero, a un juez de un habeas corpus. Mejor dicho, que yo no había hecho nada”, contó el abogado Granados.
La denuncia, indicó, la presentó personalmente en el búnker de la Fiscalía, para que fuera más rápido su trámite.
“Yo radiqué la denuncia en la misma Fiscalía General de la Nación. Me tardé 15 días en radicarla, porque si la radicaba por escrito la denuncia iba a tardar dos meses en ser asignada. Entonces, me tocó ir a la Fiscalía (…). La radiqué el pasado viernes y entregué el acervo probatorio de esa denuncia”, aseveró.
Por último, el abogado Granados sostuvo que el señor John Jairo Torres se comprometió a pagarle el doble de lo que le había pagado a Mario Iguarán Arana. “Dijo que le había pagado a sus abogados 3 millones de pesos. A eso hay que agregarle la gestión realizada”, añadió.
Puntualizó que estuvo alojado en el Hotel La Bendición, de Yopal, en donde fue víctima de malos tratos.

lunes, 1 de febrero de 2016

SEMANA 1:SOCIAL 2

El ‘infierno’ de la cárcel de La Dorada

Los internos de la cárcel de máxima seguridad de Doña Juana viven un drama humanitario. La temperatura en el penal alcanza 45 grados centígrados y no tienen dónde resguardarse.

Uno de los castigos más severos a presos ‘famosos’ en todo el mundo es la restricción a recibir la luz del sol. Son muchos los casos de condenados que tienen que resignarse a pasar sus últimos días tras las rejas y sin posibilidad de recibir el rayo del sol. Abimael Guzmán, el líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, fue condenado a cadena perpetua en una celda subterránea, 45 metros bajo tierra. Desde 1993 no sabe lo que es la luz del día.

Salvatore Mancuso, el exparamilitar extraditado a Estados Unidos, según confesó hace unos años, ha pasado meses sin recibir el sol. El narcotraficante Carlos Ledher, confinado en una prisión federal estadounidense, sólo ve la luz del sol 45 minutos a la semana.

En Colombia hay un caso muy particular. Cerca de 1.300 reclusos no tienen esta restricción, pero le huyen a la luz del sol. Están recluidos en la cárcel de máxima seguridad Doña Juana, del municipio de La Dorada (Caldas). Según el Inpec, en este penal el hacinamiento desborda el 40 % y, por si fuera poco, los estragos del fenómeno de El Niño han convertido sus días de condena en un auténtico infierno.

Los días son eternos para quienes están pagando sus condenas porque no sólo palidecen ante el inclemente sobrecupo, sino que deben soportar temperaturas que llegan a 45 grados a la sombra. A pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes, la situación se agrava cada vez más. Cuando el reloj marca el mediodía es la peor tortura, los reclusos deben estar al aire libre bajo los inclementes rayos solares y la arquitectura de los patios no ofrece ni una sola opción de refugio. “Las jornadas son demasiado largas y el hacinamiento empeora todo”, reconocen directivos del sindicato del Inpec.

Aunque la Alcaldía del puerto de La Dorada y otras instituciones trabajan para facilitar equipos, agua y otros elementos que amainen el impacto del verano en la población carcelaria, la realidad parece haberlos superado. El alcalde de la localidad, Diego Pineda, indicó que en el penal no existe sistema de aire acondicionado o ventiladores, debido “a las exigencias  de seguridad”.

El calor extremo ha generado conflictos entre los reclusos. Las disputas, aunque suene dantesco, son para ganar un espacio en las celdas o los sitios que producen alguna sombra. En los últimos tres meses, las peleas se han duplicado y los guardias han tenido que intervenir casi todos los días para prevenir asonadas.

Lo más grave es que existe el riesgo de aumento de virus y enfermedades “de difícil control”. El alcalde Pineda explicó que actualmente en el penal hay 500 reclusos más de lo que pueden soportar las instalaciones.

Según el mandatario local, se buscan soluciones, con el apoyo de la Secretaría de salud, las EPS que asisten a los internos, la Personería de La Dorada, la Dirección Territorial para la Salud, el Inpec y la administración de la cárcel, entre otras  instituciones.

Delegados de la Fundación Juan David Pineda, que trabaja con presos políticos, así como los familiares de los reclusos, solicitaron a varias entidades y al Ministerio de Salud, de manera urgente, equipos especiales para amainar el impacto del fenómeno.

Las autoridades han garantizado que el suministro de agua sea suficiente para mantener los niveles de hidratación, pero el temor entre los funcionarios es que llegue un racionamiento, lo que agravaría la ya precaria situación humanitaria.

Por ahora, los esfuerzos buscan facilitar el ingreso de ropa liviana por parte de los familiares y flexibilizar la distribución de las raciones de alimentos en horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Mientras los  reclusos claman por una pronta solución, pasan los días aferrados a los barrotes de sus celdas, luchando por unos centímetros de sombra que los resguarden de los rayos del sol.

Ya la Defensoría del Pueblo le había hecho un llamado al gobierno nacional en abril del 2015 para que decrete el estado de emergencia social. “Una sociedad que se precie de ser tal debe garantizarles a los presos unas condiciones de permanencia dignas y al país un sistema carcelario robusto”, señaló la entidad.

No deja de ser una paradoja. Mientras hay presos que claman por unas horas de luz solar, en Colombia los presos de La Dorada hacen lo propio, pero para no recibirla.




SEMANA 1:SOCIAL

Huelguistas de la justicia se enfrentan con la Policía

Agentes de la fuerza pública intentan restablecer la atención al público en juzgados civiles y de familia de Bogotá, mientras varios servidores de esa jurisdicción intentan frenar el avance de la fuerza pública.

En desmanes y quebrantamiento del orden terminó la protesta que se adelanta en varios juzgados de Bogotá desde hace casi tres semanas. La negativa de los sectores huelguistas a permitir el ingreso de usuarios judiciales y la intención de la Policía de reabrir las sedes judiciales afectadas por el conflicto laboral generaron algunas confontaciones. 


Agentes del Escuadrón Móvil Anti Distrurbios (Esmad) y otro grupo de policías se enfrentaron en la mañana de este lunes con los servidores de la jurisdicción civil y de familia que se niegan a restablecer el servicio en el complejo judicial que opera en el edificio Hernando Morales, en el centro de la capital. Mientras tanto, más uniformados arribaron a otras sedes para permitir el ingreso de los usuarios judiciales.



Cuando empezaron las labores de la justicia en el 2016 los juzgados civiles y de familia se encontraron con un cambio en el modelo de atención al usuario, que concentraba en centros de servicio las labores administrativas que adelantaba cada despacho judicial de manera individual. Los servidores del ramo se opusieron a esa decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior e iniciaron un cese de actividades que se prolongó por cerca de ocho días.



Un pacto del Consejo Superior con dos grupos de Asonal Judicial y otro de Asojudiciales parecía poner fin al conflicto. Los primeros se comprometían a aplazar la vigencia del nuevo modelo de atención, mientras los segundos prometían volver a sus pestos de trabajo.



El acuerdo no fue suficiente. Gran parte de los operadores de Bogotá desacataron  lo pactado y continuaron el cese de actividades, que se prolongó a lo largo de la semana anterior. Decenas de trabajadores de la rama se unieron a la protesta que lideró Orlando Chinchilla, presidente del recién fundado sindicato El Vocero Judicial. 



Para ellos, la única alternativa de volver a los puestos de trabajo era la derogatoria definitiva del nuevo modelo. En su criterio, el aplazamiento no ofrece  ninguna garantía. Mientras tanto, Asonal Judicial y Asojudiciales trataban de convencer a los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo



Ante la parálisis de la jurisdicción en la capital, el Consejo Superior y el Gobierno anunciaron medidas. Señalaron que ya se estaban adelantando gestiones que podrían derivar en la suspensión de pagos e investigaciones disciplinarias contra quienes se resistieran a reabrir los juzgados. 



Esas declaraciones del ministro de Justicia Yesid Reyes y el presidente del Consejo Superior, José Agustín Suárez, sonaron a ultimátum. Muchos pensaban que los juzgados se reabrirían este lunes, aunque fuera por la fuerza.



De hecho, fuentes consultadas pro Semana.com en la Policía indican que los responsables de la seguridad de los distintos complejos judiciales en Bogotá habían sido alertados por sus superiores desde el viernes pasado sobre la posibilidad de intervenir para reanudar la atención al público. 



Esa premonición se convirtió en realidad en la mañana del lunes. La fuerza pública hizo su aparición en muchos de esos edificios, con la intención de restablecer la atención en los juzgados, mientras algunos de los huelguistas han tratado de impedirlo, alegando la cercenación de su derecho a la protesta.